A partir de un Proyecto de Ordenanza aprobado por unanimidad en la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, se estableció como obligatoria la realización de estudios médicos y/o bioquímicos para la obtención del “Certificado Psico-físico” de los funcionarios y funcionarias electos y designados en el ámbito de la Municipalidad de San Antonio Oeste.

 

En Rio Negro, a través de la Ley Nº 3550 de ética e idoneidad de la Función Pública, se establecen pautas en el Estado Provincial respecto de las condiciones de idoneidad de acceso a la Función Pública, de la publicidad de actos y del desempeño ético de todos aquellos que presten servicios remunerados o no en el sector público. Los funcionarios deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, rectitud, desinterés personal, dignidad, independencia y respeto a las normativas legales.

 

Es deber moral de todo funcionario público tener la capacidad psíquica y la óptima condición física para poder desempeñar su cargo, es de suma importancia que los mismos puedan someterse a un examen psicofísico que resguarde su privacidad personal.

 

A partir de la promulgación de esta ordenanza, los funcionarios y funcionarias locales deberán realizarse estudios psicológicos, rinoscopia y análisis de orina, sangre y/o cabello con búsqueda de sustancias prohibidas o sus metabolitos. Estos deberán incorporarse al legajo personal de cada funcionario registrado en la Subsecretaría de Recursos Humanos, respetando la privacidad del mismo.

 

La Junta Médica Municipal evaluará los legajos personales, realizando las observaciones pertinentes.

 

Cuando los exámenes médicos determinen que la persona se encuentra en posible deterioro adictivo se fijarán las medidas terapéuticas para a su recuperación, encuadrándose obligatoriamente dentro del régimen de licencias vigentes.

 

Esta iniciativa propone transparentar las conductas públicas de quienes ocupan cargos públicos en nuestro Municipio y que tienen el deber de administrar los bienes que nos pertenecen a todos. A su vez, intenta garantizar a los ciudadanos e inclusive a los mismos funcionarios el derecho a tener representantes que reúnan las condiciones psicofísicas para desempeñar sus cargos y, asimismo, garantizar la transparencia de sus acciones.